EL CINISMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.

Alejandro Arruza

alejandroarruza@hotmail.com

El actual problema que vive la UABC es propiciado en su totalidad por la Junta de Gobierno. Ha sido la Junta de Gobierno la que ha incumplido con su obligación, legal, moral y política de nombrar rector en los términos y tiempos establecidos en la legislación aplicable. Violaciones sucesivas a la Ley Orgánica de la Universidad y a su Estatuto General han sido cometidas impunemente por la Junta de Gobierno sin que se exija responsabilidad alguna a sus miembros, particularmente al presidente de la misma y otros cuatro miembros agrupados en una minoría, que con dolo evidente la tienen secuestrada en contra del interés supremo de la Institución, del sentir de la comunidad universitaria, que exige que se resuelva la situación y de la opinión de las fuerzas vivas de la sociedad bajacaliforniana, que temen que el problema se desborde del cauce de la institucionalidad.

Hoy esos miembros de la Junta de Gobierno, cuya principal , si no única, ocupación en este momento debiera ser nombrar un rector definitivo, cabeza de la Universidad, parecen estar más preocupados en asegurarse de que ocurra precisamente todo lo contrario: que  de ninguna forma haya cabeza en la Universidad, ni siquiera de manera provisional.

Les preocupa mucho y les ocupa más que el Secretario General ejerza la función que tiene y cumple por mandato de ley, como es la de ser provisionalmente el encargado del despacho de todos los asuntos de la Universidad hasta que la Junta de Gobierno designe al nuevo rector definitivo. En un desinhibido alarde de cinismo, todavía tienen el descaro de exhibir su ineptitud e irresponsabilidad públicamente y por escrito, mal asesorándose de los mismos leguleyos de siempre, los Solorios y las Pelayos, quienes con el afán de encontrar el hilo negro, cortan en pedacitos las normas aplicables y con la ayuda del microscopio las vuelven a unir de la forma que suponen que mejor les acomoda a sus intereses.

Hablan de "desvío de poder", recurriendo a Wikipedia para definirlo. Creen encontrar “el sentido oculto de la norma”; pretenden interpretar la voluntad del legislador, desentrañando “la naturaleza o razón de ser del encargado del despacho”; “las adecuaciones entre el medio y el fin”; Se entretienen develando lo que dicen es el verdadero y auténtico significado de la norma, consistente con el ordenamiento y coherente con los valores del sistema, mediante una supuesta interpretación “sistemática, teleológica y conforme a la naturaleza de las cosas”.

Eso creen entenderlo muy bien; lo que no entienden, ni con dibujitos, es que son ellos mismos los que con su irresponsabilidad, incapacidad e ineptitud han colocado al Secretario General en la situación de encargado del despacho de todos los asuntos de la Universidad. Una responsabilidad enorme e ineludible para Felipe Cuamea, derivada de una irresponsabilidad mayúscula de los miembros de la Junta de Gobierno que, de no ser porque afortunadamente el estatuto general de la Universidad lo prevé, habría sido de consecuencias funestas para la institución.

En su angustia, en su inexorable afán de ocasionar que la Universidad quede al garete, sin alguien que mantenga el rumbo, pierden la ecuanimidad y el sentido común, se nublan de la vista y del entendimiento.

Prueba de ello es su absurda afirmación de que TODO el sistema planteado en la normatividad universitaria está diseñado para que nunca un Secretario General se encargue del despacho por más de un mes. Nada más falso que eso. Para lo que  indudablemente   está diseñada la normatividad universitaria  es para que nunca pase más de un mes sin que la Junta de Gobierno designe rector. Dos cosas que aunque vinculadas, son muy diferentes.

La normatividad es muy clara cuando, para evitar que la Universidad quede a la deriva en el caso que haya ausencia definitiva de rector, establece que el Secretario General se hará cargo del despacho de todos los asuntos de la Universidad, sin señalar limitación alguna, HASTA QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DESIGNE NUEVO RECTOR DEFINITIVO. Por supuesto que el encargo es temporal, transitorio, provisional y con un término definido por una condición. El término para la conclusión del encargo se cumple en el momento exacto que la Junta de Gobierno designa nuevo rector definitivo, lo cual es obviamente una condición que no se ha cumplido todavía.

Los G5 distorsionan las cosas de tal forma que interpretan a la inversa: Aseguran que el criterio que orienta a la normatividad universitaria es el de garantizar que la Universidad no pase más de 30 días sin rector porque ese es el periodo máximo que un encargado de despacho ejerce sus funciones. ¡Qué bonita forma de convertir los efectos en causas y viceversa! Es decir; el legislador se esforzó en crear una normatividad que garantice que no haya ausencia de rector por más de 30 días, porque  por razones impensables el encargado del despacho supuestamente no puede ejercer sus funciones por más tiempo. Lo cierto es que el criterio orientador de las normas es  obviamente que la Universidad no debe pasar  un solo día sin rector electo, sin embargo, otorga un tiempo pertinente y perentorio de 30 días  en el que establece la obligación de la Junta de Gobierno de designar uno, pero no porque el encargado del despacho no pueda ejercer su función por más tiempo, sino porque la Universidad no puede estar mucho tiempo sin un rector designado conforme al procedimiento ordinario, ya que el hecho de que por ministerio de ley el Secretario de Gobierno se haga cargo del despacho de los asuntos, es un evento indiscutiblemente emergente y extraordinario y por lo tanto provisional; y precisamente previendo que la Universidad no puede quedar acéfala un solo momento, el estatuto señala que el Secretario General estará encargado del despacho de los asuntos de la Universidad hasta que la Junta de Gobierno cumpla con su obligación. La naturaleza o razón de ser del encargado del despacho de los asuntos de la Universidad es justamente evitar que esos asuntos se queden sin atender en tanto la Junta de Gobierno nombra rector.

Una de la cosas que también angustian mucho a los G5 es que ante la renuncia de los antiguos vicerrectores, el encargado del despacho de los asuntos de la Universidad haya hecho nombramientos de nuevos funcionarios, argumentando que si los efectos de esos nombramientos rebasan el periodo de quien los expide, serían “institucionalmente absurdos” por dañar la capacidad de acción del rector que resulte nombrado. En su cortedad, el G5 no advierte que si el encargado del despacho de los asuntos de la Universidad no resuelve con prontitud, entereza y eficiencia todos los asuntos de la Universidad que requieren atención inmediata, no sólo se verá dañada la capacidad de acción del rector que resulte nombrado, sino que se vería dañada toda la institución universitaria en su conjunto. ¿Acaso el G5 no se percata de que los nombramientos nunca son irrevocables y que el rector que resulte designado podrá libremente remover o ratificar a los vicerrectores nombrados por Felipe Cuamea, porque está dentro de sus facultades?.

Por supuesto que lo saben, pero al igual que en todas sus burdas maniobras, nuevamente se les ve el plumero. Su objetivo real es evitar a toda costa que Felipe Cuamea convoque a Consejo Universitario, que parece ser la única instancia institucional que podrá destrabar el proceso de nombramiento del nuevo rector. Y quieren ir más allá. La verdadera intención es judicializar el proceso de designación del rector, promoviendo toda clase de demandas y amparos legales y maniobras legaloides, de manera tal que el proceso continúe en suspenso, indefinición e incertidumbre y sean órganos externos y ajenos a la Universidad quienes intervengan para dejar el camino planchado a la intromisión de un Congreso del Estado de mayoría priísta, que al fin encontrará la puerta abierta por Lloréns, Garavito y demás secuaces para penetrar la Universidad haciendo trizas la autodeterminación y autonomía universitarias, ante la complacencia de los “Observadores Académicos Universitarios”.